Tauromaquia Mexicana exige que el debate en torno a esta iniciativa por parte del cabildo incluya la opinión y argumentos de todos los actores implicados

18 de agosto de 2020/ Adiel Armando Bolio

Luego de que a un oportunista grupo de regidores que componen el cabildo de Pachuca, Hidalgo, les ha dado ahora por prohibir la entrada de menores de edad a las corridas de toros y peleas de gallos en esa ciudad, es que la organización Tauromaquia Mexicana, una vez que dio a conocer públicamente el hecho, ha emitido otro documento en el que hace saber su postura.

“Tauromaquia Mexicana expresa su rechazo ante esta medida que pone en riesgo una actividad de carácter cultural e histórico que genera, además, una importante derrama económica para ese estado.

El acceso de las niñas, niños y adolescentes a los espectáculos taurinos forma parte de su derecho a la cultura y a su identidad, cuando así lo deciden y bajo el cuidado de sus padres o tutores.

No existe evidencia científica ni estudios que demuestren que acudir a una corrida de toros o participar en una escuela taurina provoque algún trastorno de ansiedad o sea generador de violencia en los menores de edad.

Ni de manera empírica ni mucho menos científica existen pruebas que acrediten que presenciar o participar en corridas de toros genere comportamientos violentos o algún otro trastorno de la personalidad.

Una eventual prohibición al acceso a las plazas de toros destinada a las niñas, niños y adolescentes podría significar la violación a una serie de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales de los que nuestro país es Estado Parte y de la legislación mexicana.

Con esta medida podrían verse vulneradas garantías fundamentales como el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la libertad de manera general y, en particular, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad y el derecho a la libre expresión.

La voz de la afición taurina, de las empresas que organizan corridas de toros, de los ganaderos y de quienes encuentran su fuente de empleo en esta actividad no ha sido escuchada.

Tauromaquia Mexicana exige que el debate en torno a esta iniciativa incluya la opinión y argumentos de todos los actores implicados.

La democracia a la que todos aspiramos pasa forzosamente por la inclusión de todas las voces en los debates públicos.

La Fiesta Brava es una actividad que, de acuerdo con datos corroborados por instituciones como la Secretaría de Agricultura, en 2019 fue generadora, a nivel nacional, de un flujo económico de 6 mil 900 millones de pesos. Creó más de 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos y representó más de 800 millones de pesos en materia de impuestos.

En el estado de Hidalgo existen más de 30 ganaderías de toros bravos. 10 matadores de toros en activo. En sus 84 municipios existen más de 60 plazas de toros (por ejemplo, tan solo en Tezontepec hay nueve y en Ajacuba existen tres). Además de dos escuelas taurinas con más de 50 niños.

Los diferentes sectores de la actividad económica del estado de Hidalgo se han visto altamente afectados por la pandemia del Covid-19, a lo que la Fiesta Brava y todas las familias que de ella dependen no han escapado.

Pretender atentar en contra de esta industria en estos momentos de suma dificultad para el país no tiene el más mínimo sentido”. Hasta ahí el documento.

Sólo falta recordar que desde 2012 la Fiesta de los Toros fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en el estado de Hidalgo por el entonces gobernador constitucional, licenciado José Francisco Olvera Ruiz y dicha entidad federativa integra a las siete que actualmente gozan de ese blindaje en el país, como lo son Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán, gobiernos que difunden las manifestaciones culturales, sociales y económicas relacionadas con la Fiesta Brava.

Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece que para que una tradición, rito, práctica o acto pueda considerarse patrimonio debe ser tradicional, contemporáneo y viviente, debe ser integrador, representativo y reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean.

DATO

Hasta ahora son siete los estados del país, además de municipios, que a la Fiesta Brava la han declarado Patrimonio Cultural Inmaterial