16 de mayo de 2026/Suertematador.com/Foto: Erick Perales

En medio del debate por la posible prohibición de las corridas de toros en Hidalgo, los intentos legales promovidos para frenar la fiesta brava no han logrado detener su continuidad, mientras agrupaciones taurinas endurecen su postura y anuncian acciones legales contra funcionarios que, aseguran, han difundido información sin sustento técnico sobre el sector.

Sonia Cristina López, presidenta de la organización Tauromaquia Mexicana Capítulo Hidalgo informó que los amparos impulsados contra los espectáculos taurinos en la entidad no han prosperado y acusó que existe una campaña para desacreditar una actividad que, afirman, representa una tradición con arraigo histórico, actividad económica y preservación de ganaderías especializadas en toro de lidia.

Durante una rueda de prensa en Pachuca, representantes taurinos anunciaron procedimientos jurídicos contra Erika Ortigoza Vázquez, titular de la Comisión Estatal de Biodiversidad, por declaraciones que consideran “imprecisas” respecto al impacto ambiental de las ganaderías bravas. Según el gremio, dichos ranchos no sólo conservan ecosistemas, sino que mantienen amplias extensiones de campo protegidas de urbanización y explotación intensiva.

El conflicto ocurre mientras en el Congreso del Estado de Hidalgo continúa congelada la iniciativa que busca prohibir las corridas. Aunque colectivos animalistas han presionado para su aprobación, legisladores mantienen la discusión en comisiones y abrieron espacios para escuchar a defensores de la llamada fiesta brava.

Defensores de la tauromaquia sostienen que prohibirla sería un golpe a una tradición cultural de décadas en regiones del estado, además de afectar empleos vinculados a ganaderías, plazas, artesanos, músicos, transportistas y comercio local. El sector insiste en que la discusión debe incluir el impacto económico y cultural antes de cualquier reforma.

El mensaje de los taurinos fue directo: la batalla ya no solo será en las plazas, sino también en tribunales y en el Congreso, donde buscan impedir que una tradición que consideran parte de la identidad hidalguense desaparezca por presión política o activismo.