La Corte Constitucional suspendió ayer la audiencia, para dar paso a una fase de deliberación antes de emitir la sentencia sobre el caso.

19 de diciembre de 2020/Suertematador.com

La Corte Constitucional de Ecuador acogió una audiencia para analizar una demanda planteada por la Asociación de Toreros Profesionales para restaurar las corridas de toros en Quito, abolidas tras una consulta popular en 2011. La máxima instancia judicial del país albergó la vista en la que se emitieron los argumentos a favor y en contra de la demanda planteados por grupos de animalistas, y resolvió suspender la audiencia, que se prolongó durante cinco horas, hasta nueva fecha.

 La acción judicial se basa en una demanda de inconstitucionalidad sobre la consulta popular que abolió los espectáculos municipales en los que se maten animales. La Asociación de Toreros Profesionales busca recuperar para la capital ecuatoriana la Feria de Quito «Jesús del Gran Poder», una de las más reconocidas en América del mundo taurino.

Grupos de aficionados taurinos y también de defensores de los animales se agolparon este jueves en las inmediaciones de la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna, para mostrar su respaldo o rechazo a la iniciativa. En la audiencia estuvieron presentes autoridades del Gobierno, el procurador general del Estado y autoridades municipales, así como portavoces de colectivos de defensa de los derechos de los animales.

El tribunal, integrado por varios jueces constitucionales incluida Carmen Corral, como ponente, escuchó las intervenciones de las partes y de 35 especialistas con interés en la causa (amicus curiae). Uno de los portavoces de los grupos ambientalistas, Felipe Orgaz, denunció en la comparecencia judicial el supuesto conflicto de intereses de la juez Corral, a la que acusó de tener relación con la causa taurina.

Integrantes del grupo taurino también increparon a Orgaz por una incitación al odio a través de las redes sociales, en las que supuestamente habría convocado a manifestaciones de presión contra los jueces constitucionales que siguen la causa. La Corte Constitucional suspendió la audiencia, para dar paso a una fase de deliberación antes de emitir la sentencia sobre el caso.