16 de julio de 2026/David Jaramillo
El panorama para la tauromaquia en Colombia se ha tornado aún más negro de lo que ya era, dibujando un escenario de asfixia que trasciende fronteras y enciende las alarmas en todo el planeta taurino. Con la reciente expedición del Decreto 0703, el Gobierno saliente de Gustavo Petro ha ejecutado una maniobra exprés para imponer las «corridas incruentas» —despojadas de varas, banderillas y muerte en el ruedo— con un objetivo perverso: herir de muerte la actividad antes de la fecha de caducidad fijada por la Ley 2385 (No Más Olé), que prohíbe el toreo de forma definitiva en todo el territorio nacional a partir del 24 de julio de 2027. Ante este escenario, la única balsa de salvación para el sector es una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado que busque suspender de urgencia este reglamento abusivo y permita, al menos, celebrar las ferias de este invierno con su integridad intacta.
Esta batalla legal es un todo o nada para salvar las últimas temporadas históricas de Cali o Manizales. Sin embargo, el realismo político obliga a rebajar cualquier expectativa mágica ante la inminente llegada de un nuevo Gobierno a Colombia. Aunque el nuevo mandatario electo sea, sobre el papel, más afín y respetuoso con la cultura taurina y la libertad, la realidad jurídica es que tendrá las manos completamente atadas. La ley de prohibición ya ha sido sancionada, es firme y cuenta con el blindaje absoluto de la Corte Constitucional. Ningún presidente, por simpatía que tenga hacia la Fiesta, puede derogar una ley orgánica ni saltarse una sentencia constitucional por decreto; su margen de maniobra para devolver la legalidad al toreo de forma directa es, en la práctica, inexistente.
Ante este laberinto, la estrategia de los profesionales colombianos pasa por un plan tan audaz como complejo. Si la demanda contra el actual decreto prospera y frena la asfixia inmediata, el sector intentaría forzar una prórroga de la moratoria de la entrada en vigor de la ley de prohibición de 2027. El argumento de defensa es de peso: el Estado colombiano ha incumplido sistemáticamente todos los compromisos que adquirió en el texto de la ley, especialmente la reconversión laboral de las miles de familias que dependen del toro. Ganar tiempo en los tribunales mediante esta vía permitiría seguir organizando festejos mientras se trabaja en una hipotética e improbable nueva ley que derogue la prohibición y restablezca el toreo en el país; un escenario que roza la utopía legislativa en la Colombia actual.
De igual manera, soñar con blindar excepciones culturales en feudos inexpugnables parece hoy una quimera. Ciudades como Manizales, donde la tauromaquia es una seña de identidad indiscutible, un motor económico crucial y una tradición respetada de forma unánime incluso por los no aficionados, no tienen encaje legal para una «salvación individual». La ley nacional es taxativa y no contempla fueros ni autonomías municipales para saltarse la prohibición general en el territorio. En este callejón de difícil salida, lo más doloroso es constatar la profunda soledad en la que el sector taurino colombiano está librando la que parece su última guerra.
Mientras los profesionales locales se desgastan en los juzgados costeando una defensa carísima y vital, el resto del planeta taurino asiste a la tragedia con una pasividad pasmosa. Todos aquellos grandes nombres, figuras del toreo, apoderados y empresarios internacionales que durante décadas se han lucrado, han llenado sus espuertas y han alcanzado la gloria en las ferias de América, contemplan hoy el desastre desde la barrera del conformismo (con alguna puntual excepción). Creen, con una ingenuidad que roza el egoísmo, que un tibio mensaje de solidaridad en redes sociales o una palmadita en la espalda es suficiente para sumar en una batalla judicial descarnada. Colombia se desangra taurinamente en solitario.